Nuestras leyes, un lastre para la sociedad moderna

No creo que España sea un país de pandereta, como se viene afirmando desde hace décadas para definir ciertas carencias o situaciones, pero si pienso que en algunos aspectos dejamos mucho que desear y hay cierta apatía o dejadez para mejorar y modernizarnos.

En este caso quiero hablar de algunas de les leyes que nos rigen y que actualmente son un lastre para la sociedad. También lo es, en algunos aspectos, nuestro sistema administrativo y la correspondiente burocracia.

Leo un interesante informe donde se descubre que crear una empresa en España es más difícil que crearla en Zambia, Afganistán, Burundi, Irán o Albania. Por culpa de los numerosos trámites administrativos que una persona debe cumplir para abrir su negocio, hasta diez diferentes, ocupamos el puesto 136 de los 185 países que aparecen en la lista y estamos en la franja de los países del tercer mundo. Lamentable.

Indagando más a fondo en el documento veo también que estamos en las últimas posiciones del ranking facilitando el acceso a la electricidad, la obtención de créditos o concediendo las licencias de obras y de apertura.

No estamos ahora mismo para poner trabas a los emprendedores que deciden abrir una nueva empresa. Hay que facilitarles la vida y por eso considero que deberíamos exigir al estado un cambio en este sentido. Hay que hacerles ver a los que están arriba que reduciendo los trámites, como se propone en la ley Omnibus que ya funciona en parte de Europa y tiene el apoyo del gobierno de la Generalitat de Catalunya, todo es más fácil. Que si se reducen los pasos a seguir centralizando las gestiones en una sola administración es mejor y más sencillo para todos, que se genera mucha más riqueza porqué se abren muchas más empresas con mayor rapidez. Es posible si se quiere y hay voluntad.

Se requiere la misma voluntad para cambiar ciertas leyes vigentes en nuestro sistema y que están completamente caducas y no permiten ningún margen de maniobrabilidad. Al ser arcaicos y estar tan blindados, estos elementos del marco legal español ponen contra las cuerdas a ciertos sectores de la población que, con leyes más recientes y adecuadas a los tiempos que corren, tendrían un futuro menos negro.

Los propios jueces, en este caso siete magistrados de diferentes comunidades, han dejado claro que el actual sistema de cobros de créditos hipotecarios que está dejando en la calle a miles de familias y poniendo el parque inmobiliario en manos de los bancos, data del 1909.  Se aplica una ley de más de un siglo de antigüedad para quitar su casa a los que no pueden pagar pero condenándoles a seguir pagando, sin tener casa, lo que deben de hipoteca. Esto es también tercermundista.

Los jueces proponen el sistema de dación que deja libres de deudas a los propietarios que no pagan y pierden su vivienda que va a parar a manos de los bancos. Otra propuesta que considero inteligente seria obligar a los propios bancos a negociar las formas de pago con los deudores para evitar la situación actual: un país con más de cuatro millones de pisos vacios y un ritmo de desahucios vergonzoso, 532 al día según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

Otro ejemplo claro de la lenta burocracia de nuestro país, de la falta de mecanismos de las administraciones locales y del marco legal arcaico que nos protege lo encontrarnos en todo lo relacionado al medio ambiente y especialmente cuando hablamos de las empresas instaladas en los grandes polígonos industriales.

Muchas de ellas abrieron puertas sin la exigencia de disponer del correspondiente estudio de impacto ambiental, trabajaron sin licencias y sin presión alguna porqué la mayoría de los ayuntamientos no disponían, ni disponen aun, de mecanismos suficientes para hacer el control de cumplimiento de las normativas. Cuando se han infringido las leyes, en muchos casos podríamos también hablar de acciones derivadas en delitos ecológicos, se ha quedado todo en nada. Algunas de esas empresas, las más poderosas, aprovechan los silencios administrativos y saben a la perfección hasta donde pueden pasar la línea que separa lo legal de lo ilegal. Debemos también exigir cambios en este sentido. Nuevas leyes modernas para un ámbito, el del medio ambiente, que cambia de manera constante.

Hay otras leyes a cambiar de manera inminente. Una de ellas a propósito del asesinato que tuvo lugar el pasado fin de semana en El Salobral cuando un hombre de cuarenta años mató a su novia, una niña de tan solo 13 años, con quien tenía una relación estable.  ¿Cómo es posible que se permitan estas relaciones infanticidas sin que nadie, ni los padres ni la justicia, puedan actuar en contra para evitarlo? ¿Cómo permitimos un marco legal que prohíbe votar a los menores pero les da vía libre para convivir con adultos sin necesidad de permisos?

Se me hace muy difícil entender ciertas situaciones de la España actual donde algunas personas tienen que actuar con ciertas ilegalidades ante la poca voluntad para concederles permisos, donde los mismos que provocaron la crisis son los que te echan a la calle y donde la edad no sirve para lo malo y si importa para lo bueno.

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