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Nuestras leyes, un lastre para la sociedad moderna

No creo que España sea un país de pandereta, como se viene afirmando desde hace décadas para definir ciertas carencias o situaciones, pero si pienso que en algunos aspectos dejamos mucho que desear y hay cierta apatía o dejadez para mejorar y modernizarnos.

En este caso quiero hablar de algunas de les leyes que nos rigen y que actualmente son un lastre para la sociedad. También lo es, en algunos aspectos, nuestro sistema administrativo y la correspondiente burocracia.

Leo un interesante informe donde se descubre que crear una empresa en España es más difícil que crearla en Zambia, Afganistán, Burundi, Irán o Albania. Por culpa de los numerosos trámites administrativos que una persona debe cumplir para abrir su negocio, hasta diez diferentes, ocupamos el puesto 136 de los 185 países que aparecen en la lista y estamos en la franja de los países del tercer mundo. Lamentable.

Indagando más a fondo en el documento veo también que estamos en las últimas posiciones del ranking facilitando el acceso a la electricidad, la obtención de créditos o concediendo las licencias de obras y de apertura.

No estamos ahora mismo para poner trabas a los emprendedores que deciden abrir una nueva empresa. Hay que facilitarles la vida y por eso considero que deberíamos exigir al estado un cambio en este sentido. Hay que hacerles ver a los que están arriba que reduciendo los trámites, como se propone en la ley Omnibus que ya funciona en parte de Europa y tiene el apoyo del gobierno de la Generalitat de Catalunya, todo es más fácil. Que si se reducen los pasos a seguir centralizando las gestiones en una sola administración es mejor y más sencillo para todos, que se genera mucha más riqueza porqué se abren muchas más empresas con mayor rapidez. Es posible si se quiere y hay voluntad.

Se requiere la misma voluntad para cambiar ciertas leyes vigentes en nuestro sistema y que están completamente caducas y no permiten ningún margen de maniobrabilidad. Al ser arcaicos y estar tan blindados, estos elementos del marco legal español ponen contra las cuerdas a ciertos sectores de la población que, con leyes más recientes y adecuadas a los tiempos que corren, tendrían un futuro menos negro.

Los propios jueces, en este caso siete magistrados de diferentes comunidades, han dejado claro que el actual sistema de cobros de créditos hipotecarios que está dejando en la calle a miles de familias y poniendo el parque inmobiliario en manos de los bancos, data del 1909.  Se aplica una ley de más de un siglo de antigüedad para quitar su casa a los que no pueden pagar pero condenándoles a seguir pagando, sin tener casa, lo que deben de hipoteca. Esto es también tercermundista.

Los jueces proponen el sistema de dación que deja libres de deudas a los propietarios que no pagan y pierden su vivienda que va a parar a manos de los bancos. Otra propuesta que considero inteligente seria obligar a los propios bancos a negociar las formas de pago con los deudores para evitar la situación actual: un país con más de cuatro millones de pisos vacios y un ritmo de desahucios vergonzoso, 532 al día según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial.

Otro ejemplo claro de la lenta burocracia de nuestro país, de la falta de mecanismos de las administraciones locales y del marco legal arcaico que nos protege lo encontrarnos en todo lo relacionado al medio ambiente y especialmente cuando hablamos de las empresas instaladas en los grandes polígonos industriales.

Muchas de ellas abrieron puertas sin la exigencia de disponer del correspondiente estudio de impacto ambiental, trabajaron sin licencias y sin presión alguna porqué la mayoría de los ayuntamientos no disponían, ni disponen aun, de mecanismos suficientes para hacer el control de cumplimiento de las normativas. Cuando se han infringido las leyes, en muchos casos podríamos también hablar de acciones derivadas en delitos ecológicos, se ha quedado todo en nada. Algunas de esas empresas, las más poderosas, aprovechan los silencios administrativos y saben a la perfección hasta donde pueden pasar la línea que separa lo legal de lo ilegal. Debemos también exigir cambios en este sentido. Nuevas leyes modernas para un ámbito, el del medio ambiente, que cambia de manera constante.

Hay otras leyes a cambiar de manera inminente. Una de ellas a propósito del asesinato que tuvo lugar el pasado fin de semana en El Salobral cuando un hombre de cuarenta años mató a su novia, una niña de tan solo 13 años, con quien tenía una relación estable.  ¿Cómo es posible que se permitan estas relaciones infanticidas sin que nadie, ni los padres ni la justicia, puedan actuar en contra para evitarlo? ¿Cómo permitimos un marco legal que prohíbe votar a los menores pero les da vía libre para convivir con adultos sin necesidad de permisos?

Se me hace muy difícil entender ciertas situaciones de la España actual donde algunas personas tienen que actuar con ciertas ilegalidades ante la poca voluntad para concederles permisos, donde los mismos que provocaron la crisis son los que te echan a la calle y donde la edad no sirve para lo malo y si importa para lo bueno.

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Incendios forestales, pirómanos sociales

Me sorprende, y también me indigna, la impunidad con que se tratan en nuestro país ciertas acciones criminales que atentan contra las personas o contra la naturaleza y nuestro medio ambiente.

Lejos de ser enfermos mentales, que también, los pirómanos son individuos que deben ser condenados penalmente por sus acciones porqué en caso contrario el país seguirá ardiendo y los responsables de la tragedia saldrán demasiado bien parados.

Leo en la prensa que los pirómanos sufren un trastorno del control de los impulsos y que su conducta les lleva a tener atracción hacia al fuego hasta el punto que necesitan al propio fuego para vivir. Y comparto la opinión de los doctores cuando dicen que ese trastorno necesita de tratamiento psicológico pero sumo, como apuntaba antes, la importancia de endurecer las leyes para garantizar que hay penas de cárcel para ellos.

Porque dependiendo de cada caso y de la gravedad del trastorno cuando este exista, habiendo casos en que el incendiario tiene otro perfil muy diferente, el infractor debe acabar en la cárcel para pagar este grave delito. Es urgente, no cabe decirlo, un cambio del marco legal actual en muchos aspectos para remediar injusticias. Siempre he dicho que la tierra no es de nadie pero que la protección y el cuidado de ella están en nuestras manos, en la conciencia de todos y cada uno de nosotros.

Este es motivo suficiente para reclamar mayor justicia. Porque castigando ejemplarmente a los pirómanos se pueden evitar muchos de los incendios que queman nuestros bosques cuando llegan las altas temperaturas arrasando miles y miles de hectáreas y provocando, como en el caso de La Gomera, unas tragedias ecológicas de altísimas consecuencias para el presente y las futuras generaciones.

Y de la misma manera hay que exigir a las administraciones las medidas oportunas para no aún ponérselo más fácil a los que gozan quemando bosques o a los que provocan incendios con sus imprudencias y temeridades. Parece que con la crisis se puedan justificar todos los recortes y en ciertos ámbitos no se puede ni se debe ahorrar. Si mermamos los recursos destinados a la limpieza de los sotobosques, si destinamos a esta tarea a menos personal o disponemos de menos medios e infraestructura estaremos cometiendo un error gravísimo.

En un año de sequía generalizada en todo nuestro país no tiene lógica alguna que se abandonen las limpiezas de ciertos bosques y zonas verdes, que no se obligue a los agricultores inactivos a mantener sus tierras en condiciones, que no se exija a los propietarios de solares y terrenos a limpiarlos periódicamente cuando estos están cerca de espacios naturales.

Ejemplos claros hemos tenido escuchando a los bomberos que trabajaron en el Empordà sabiendo que la situación se les había complicado por no disponer de medios que habían reclamado meses antes. O viendo como parte del Parque Nacional de Garajonay se calcinaba con mayor mesura y la escasez de los medios aéreos que tanto ayudan en estos casos.

Entre los pirómanos declarados, los negligentes e irresponsables, los recortes de las administraciones y el poco control que se ejerce sobre algunas zonas con masa forestal  estamos poniendo fecha de caducidad a los pulmones de la tierra.

No podemos permitirnos este lujo. Hay que actuar de inmediato, apagar este incendio moral, refrescar el sistema judicial, vivir dejando latir al planeta.

 

Las tres C: comida, casa y curro

Si como nos dice y marca nuestra constitución, artículos 35 y 47, todos los españoles tenemos derecho al trabajo y a una vivienda digna, que baje Dios y lo vea. Si nos dicen que tenemos el derecho de trabajar y el derecho al trabajo, ¿por qué solo cumplimos la parte del pacto nosotros? Porque la gente trabaja como es su deber pero muchas personas no pueden ejercer ese deber porque no tienen derecho al trabajo que necesitan.

Pasa igual, o peor aún, con el tema de la vivienda. La Constitución dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Nada más lejos de lo que se establece teniendo en cuenta que el estado hace oídos sordos a los miles y miles de ciudadanos que reclaman un lugar donde vivir y sobre todo a todos aquellos que han perdido sus viviendas por no poder afrontar los pagos de las hipotecas durante unos meses y han visto como se las quedaban los bancos.

El propio estado, lejos de negociar con los bancos medidas para evitar los desahucios y la ruina de miles de familias enteras, ha ayudado a la banca dándole dinero público mientras se recortaban prestaciones a las personas. Hablando claro, se han eliminado nuestros derechos fundamentales para dar bienestar y beneficio a quienes han colaborado en desequilibrar los mismos derechos. No tienes trabajo ni te ayudan en conseguirte uno. No tienes acceso a la vivienda y encima cuando no la pagas porque no hay trabajo te echan a la calle!

El mismo derecho lo proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica.

¿Curioso verdad? En nuestro país, como en otro, si no tienes trabajo no ingresas dinero, sin dinero no puedes comprar comida ni pagar el alquiler o la hipoteca. Y para colmo en nuestro país están recortando en sanidad pública que es la única a la que puedes acceder si eres, como la gran mayoría, un elemento de clase baja o media. Es el pez que se muerde la cola pero en este caso más que un pez son solo las espinas que nos masacran los días porque la carne ya se la han repartido ellos, los de arriba para entendernos.

Son los mismos a los que debemos reclamarles las soluciones y a quienes deberíamos juzgar como únicos culpables de nuestra nefasta situación. Porque somos nosotros los que exigimos la justicia que ellos nos deben y no nos garantizan. ¿Quién pone entre rejas a los que han generado el caos? ¿Quién juzga en condiciones a aquellos que se atreven a quitarnos las viviendas o a los que permiten que otros nos las quiten? ¿Quién se encarga de castigar ejemplarmente a los que incumplen los derechos constitucionales?

Y me vienen más preguntas interesantes. ¿Dónde se he metido el Defensor del Pueblo? ¿Ejerce realmente el Defensor sus funciones? ¿Por qué no tenemos su apoyo ni conocemos su paradero actual o que gestiones realiza para defendernos? Y el Fiscal General del Estado… ¿Porqué no dice nada y es tan permisivo con las injustas leyes que nos están devastando moral y socialmente? ¿A quién obedece realmente el fiscal y a quien rinde sumisión?

Ya basta de insultos a nuestra inteligencia! ¿Quién se han creído que somos? El pueblo no es idiota, es soberano. El pueblo da la cara y ellos viven de espalda al pueblo. El pueblo exige cambios pero aquí nadie se mueve de la silla. La justicia de verdad no funciona y la política es el oficio más desprestigiado del momento aunque de él vivan casi medio millón de personas en nuestro país.

De todas las virtudes, la más difícil y rara es la justicia porque por cada justo se encuentran diez generosos. Ahí está quizás la raíz del problema. La justicia no nos llega al pueblo y la generosidad se aplica a los que viven de espalda a nosotros. Permitidme acabar con una reclama importante: Gobernemos nosotros a los que nos desgobiernan ahora y sentemos a la banca en el banco de los acusados y a todos aquellos que permiten estas injusticias y la lista de agravios, cada vez más larga, a la que nos someten. El futuro pasa solo por ahí.