Ocupaciones, ¿derechos, mafias o sesgo de clase?

Primero fueron pisos sueltos, ahora son bloques enteros e incluso chaletito con piscina ocupado en verano para desesperación de los dueños, pero también de los vecinos que sufren, día a día, la degradación de su espacio personal. En la ciudad de Tarragona ya es tristemente famoso el bloque ocupado en la Part Baixa, foco de peleas, tráfico de drogas, ruidos y porquería. Esta sucia estela se extiende en tantos otros puntos–afecta a todos los barrios- que parece una invasión ruidosa de los bárbaros expulsando a la ciudadanía. Y ojalá fuera solo en Tarragona, porque el problema es general.

Tener un techo digno es un derecho constitucional que se ha convertido en un potaje en que, como se corea en la calle, hay gente sin casa y casas sin gente. Pero todos tenemos claro que una cosa son las personas o familias que  no tienen donde vivir y la otra, las mafias que se aprovechan del sistema y sin rubor alguno, alquilan y venden casas que no son suyas con un estilo no precisamente amable.

Tampoco son precisamente amables los bancos que, invocando vete a saber qué derecho, no cumplen con sus obligaciones con la comunidad una vez han expulsado a los habitantes de un piso. Y si uno no paga la luz de la escalera ni la limpieza ni el mantenimiento de las zonas comunes, el resto tiene que apechugar más hasta que, al final, no paga nadie. ¿El resultado? El esfuerzo de toda una vida degradado a la velocidad de la luz. Que no deja ser otro avance de la barbarie.

Sin embargo, este retroceso de lo civilizado no afecta a toda la sociedad. Tiene un claro sesgo de clase social. Una vez más, quien tiene dinero tiene casa y recursos para no verse en la calle o con vecinos mafiosos devaluando su propiedad. Pero los desfavorecidos, una vez más, o les expulsan o les degradan su entorno.

No olvidemos que la vivienda es algo más que un techo seguro. Es tu propio espacio vital para desarrollarte como persona, tu refugio en tu proyecto de vida. La intemperie no es solo física, sino emocional. Devastadora, pues, a todos los niveles.

Apelar a la solidaridad es muy bonito, pero como raras veces funciona, apelo al derecho constitucional de una vivienda digna y a las competencias de las autoridades para proteger este derecho. Es de sentido común afirmar que una buena bolsa de vivienda social reduciría la ocupación. También los incentivos para el alquiler social de los pisos vacíos como, por ejemplo, con la garantía que los inquilinos no destrozarán la casa, sino que la cuidarán. Podría hacerse con acompañamiento, supervisión y formación de los inquilinos. Otra fórmula sería con ayudas a la rehabilitación a cambio de un alquiler asequible durante un plazo de tiempo razonable. O, incluso, con un seguro que garantice el cobro del alquiler. La realidad es que se ofrecen auténticos cuchitriles.

Pero ¿cuánta vivienda social hay en España, en Catalunya, en Tarragona? Desconozco la cifra, pero tengo claro que es insuficiente y con demasiados casos de cuchitriles disfrazados de piso. La falta de terrenos no debe ser excusa: o se compran, como todo puede comprarse en esta vida, o se expropian.

Conviene recordar el caso de Tarragona. Hace muchos años se creó una empresa pública para velar por la vivienda. Poco recorrido tiene del mucho que podría haber hecho con un mínimo de voluntad política. Voluntad que no está, aunque muchos la esperamos.

Los ayuntamientos dan ayudas al alquiler de las personas y familias más vulnerables. Esto también reduce las ocupaciones ilegales, pero con un matiz de caridad que no es de recibo. ¿No sería mejor una bolsa de trabajo social? La cita del pez para comer un día o enseñar a pescar será vigente toda la vida, aún a riesgo de que se enfaden veganos y animalistas fanáticos.

No se puede permitir de ninguna de las maneras que haya gente durmiendo en la calle y familias enteras privadas de sus derechos más básicos mientras los de siempre siguen amasando fortunas. Es una obligación moral buscar soluciones y, en este sentido, la Coordinadora d’Entitats de Tarragona (CET) planteará crear una bolsa de trabajo social entre el más de centenar de socios que la componen.  Si hay trabajo, no hay ocupación. De las mafias, que se ocupen, nunca mejor dicho, las autoridades. Pero ya.

Ángel Juárez Almendros
Presidente
Mare Terra Fundació Mediterrània
Coordinadora d’Entitats de Tarragona
Red Internacional de Escritores por la Tierra

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